Introducción
En el ámbito de la defensa penal especializada, uno de los desafíos más complejos es proteger a servidores públicos frente a imputaciones que confunden responsabilidad administrativa con responsabilidad penal. Este caso ejemplifica cómo la correcta aplicación del principio de taxatividad penal y el análisis técnico riguroso permiten desmontar acusaciones infundadas que buscan criminalizar actuaciones administrativas legítimas.
Una persona servidora pública fue señalada ante la autoridad penal por el presunto delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, previsto en el Código Penal aplicable. La acusación se presentó ante el juez penal correspondiente, y desde el primer momento el caso adquirió notoriedad debido a la posición pública del funcionario y a las implicaciones políticas del asunto.
La Fiscalía, tras integrar la carpeta de investigación, ofreció a la persona imputada la posibilidad de suscribir un acuerdo reparatorio. No obstante, el contenido del acuerdo exigía aceptar responsabilidad penal y realizar el pago de una suma millonaria, lo cual equivalía, en los hechos, a una confesión tácita sin haber sido vencido en juicio.
Contexto del caso
El caso exigía una revisión técnica y constitucional de fondo, pues la aceptación de ese acuerdo habría implicado reconocer la comisión de un delito no probado, afectando de manera irreversible la trayectoria profesional y pública del cliente. Por ello, se optó por rechazar cualquier mecanismo de solución alterna, y asumir la defensa penal formal del asunto, a través del litigio ordinario ante el juez competente.
Esta decisión estratégica se fundamentó en el principio de que no toda irregularidad administrativa es delito, y no todo conflicto institucional puede resolverse en un juzgado penal. El caso representaba un intento de criminalizar una actuación administrativa que, aunque controvertida desde el punto de vista político, estaba jurídicamente sustentada.
La figura de “uso ilícito de atribuciones y facultades” ha sido objeto de diversas interpretaciones en la doctrina y jurisprudencia, particularmente en cuanto a los límites entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. El desafío consistía en demostrar que los actos realizados se encontraban dentro del marco legal y no configuraban una conducta delictiva.
Análisis jurídico
Desde el inicio, el equipo jurídico del despacho estructuró una defensa técnica basada en el estudio integral de la conducta atribuida, el marco normativo que regula las funciones del servidor público y los elementos que configuran el tipo penal imputado.
La línea de defensa se centró en demostrar que los actos realizados por el servidor público se encontraban dentro del margen de sus atribuciones legales, que no existió dolo, y que los hechos descritos no constituían delito conforme al principio de taxatividad penal. Asimismo, se identificaron vicios en la actuación del Ministerio Público, especialmente en la forma en que se valoraron los elementos objetivos y en la omisión de analizar las normas administrativas que sustentaban las decisiones del funcionario.
Se construyó una narrativa jurídica clara, en la que se explicó al juez que el actuar del servidor público, lejos de ser ilícito, se encontraba amparado por su marco funcional. Se incorporaron opiniones técnicas, antecedentes administrativos, y pruebas documentales que permitían comprender el contexto en que se desarrollaron los hechos y cómo se había pretendido criminalizar una actuación institucional válida.
La estrategia se fundamentó en tres pilares principales:
Principio de taxatividad penal
Se argumentó que los hechos no configuraban los elementos del tipo penal imputado y que no existía dolo específico.
Marco normativo administrativo
Se demostró que las actuaciones se encontraban dentro de las atribuciones legales del servidor público.
Distinción entre responsabilidades
Se evidenció la confusión entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal en la imputación fiscal.
Acción legal realizada
Se formuló una defensa activa desde la audiencia inicial, impugnando la legalidad de la vinculación a proceso, y solicitando el sobreseimiento parcial de la causa. El equipo del despacho preparó una estrategia que combinó el litigio de fondo con recursos procesales orientados a frenar cualquier medida cautelar desproporcionada, a fin de que el cliente pudiera enfrentar el proceso en libertad y sin afectaciones colaterales a su vida personal o profesional.
En paralelo, se incorporaron a la carpeta de defensa diversos elementos que acreditaban la regularidad de los actos realizados por el servidor público, así como el carácter subjetivo y especulativo de la imputación fiscal. Se hizo uso de criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha establecido que el proceso penal no puede sustituir al procedimiento administrativo sancionador ni operar como mecanismo automático de sanción ante conflictos internos de gestión.
La estrategia implementada incluyó:
Impugnación de la vinculación a proceso
Para cuestionar la legalidad de la imputación desde el inicio del procedimiento.
Recursos procesales estratégicos
Para evitar medidas cautelares desproporcionadas y proteger la libertad del cliente.
Incorporación de pruebas documentales
Para acreditar la regularidad de los actos administrativos realizados.
Resultado obtenido
Tras una serie de audiencias y desahogo de pruebas, el juez penal resolvió que no se acreditaban los elementos del tipo penal imputado y que los hechos atribuidos no podían considerarse constitutivos de delito. En consecuencia, se dictó resolución absolutoria, con fundamento en la insuficiencia probatoria y en la legalidad del actuar del servidor público.
Esta resolución no solo permitió el cierre del proceso penal en favor del cliente, sino que además evitó una condena injusta que habría comprometido de forma irreversible su trayectoria profesional y reputación pública. El caso fue resuelto sin aceptar responsabilidad alguna, sin acuerdo reparatorio y sin pago de indemnización, lo que constituye un precedente relevante en la defensa penal de funcionarios sometidos a presiones institucionales o políticas.
El resultado obtenido demuestra la importancia de una defensa técnica rigurosa que no se limite a buscar salidas alternas, sino que confíe en la fortaleza de los argumentos jurídicos y en la correcta aplicación del principio de legalidad penal.
Reflexión final
En AVILA POSADA ABOGADOS entendemos que la defensa penal de personas servidoras públicas exige un enfoque especializado, que distinga entre la naturaleza jurídica de los actos administrativos y la configuración real de una conducta delictiva. No toda irregularidad administrativa es delito, y no todo conflicto institucional puede resolverse en un juzgado penal.
Este caso reafirma nuestro compromiso con una defensa técnica, rigurosa y respetuosa de los principios constitucionales que rigen el derecho penal moderno. Frente a imputaciones infundadas o presionadas por intereses externos, la estrategia jurídica debe construirse con base en el conocimiento profundo del marco normativo y el análisis crítico de cada elemento del caso.
La absolución obtenida no fue producto de una negociación, sino del ejercicio técnico del derecho y de la firme decisión de litigar con seriedad, preparación y visión de largo plazo. Este resultado refuerza la importancia de distinguir claramente entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, y de proteger a los servidores públicos frente a imputaciones que buscan criminalizar actuaciones legítimas.
La defensa penal especializada en casos de servidores públicos requiere no solo conocimiento técnico, sino también la capacidad de identificar cuando una imputación responde a intereses políticos o institucionales ajenos a la justicia penal. Casos como este demuestran que la mejor estrategia es confiar en la fortaleza de los argumentos jurídicos y en la correcta aplicación del principio de legalidad.