Introducción
En contextos de alta tensión social y manifestaciones públicas, las detenciones arbitrarias representan una de las más graves violaciones a los derechos fundamentales. Este caso ejemplifica cómo la correcta aplicación del juicio de amparo puede restituir derechos fundamentales.
Durante una jornada marcada por manifestaciones públicas relacionadas con el cambio de gobierno en la Ciudad de México, una persona fue detenida mientras transitaba por el Centro Histórico. La detención se produjo sin orden previa ni flagrancia.
Este tipo de situaciones no solo comprometen la libertad personal, sino que exponen a la persona detenida a un proceso penal largo, costoso y emocionalmente desgastante. En estos escenarios, la prisión preventiva puede convertirse en una sanción anticipada.
Contexto del caso
La detención se produjo en un contexto de alta tensión social, y sin pruebas que acreditaran una conducta delictiva específica atribuible a la persona detenida. Existían elementos que permitían suponer que se trataba de una detención arbitraria.
La figura penal de “ataques a la paz pública” fue utilizada de manera extensiva para criminalizar la sola presencia en el lugar de los hechos, sin que se acreditaran elementos típicos específicos. Esta práctica representa un riesgo para el Estado de derecho.
Estrategia de defensa
Desde el primer contacto con la persona afectada y su familia, el despacho asumió el caso con la urgencia y profundidad que requería. Se realizó un análisis constitucional del tipo penal de “ataques a la paz pública”.
Asimismo, se revisó detalladamente la carpeta de investigación y las actuaciones iniciales de la autoridad ministerial, advirtiéndose la ausencia de pruebas directas, la falta de elementos objetivos para la imputación y violaciones al debido proceso.
Uno de los principales retos técnicos fue construir una narrativa jurídica sólida que permitiera desacreditar, desde el plano constitucional, tanto la legalidad de la detención como la procedencia del auto de vinculación a proceso.
Esta decisión se sustentó en dos razones fundamentales: el impacto irreparable que generaría la prolongación de la privación de la libertad, y la inexistencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que justificara la medida cautelar.
Desarrollo del juicio de amparo
Se promovió juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia penal, señalando como actos reclamados la detención arbitraria, la puesta a disposición indebida ante el Ministerio Público y el auto de vinculación a proceso.
El equipo del despacho elaboró un planteamiento jurídico centrado en la aplicación de criterios tanto nacionales como internacionales, especialmente los derivados del sistema interamericano de derechos humanos.
La estrategia se fundamentó en tres pilares principales:
1. Ilegalidad de la detención
Se argumentó que la detención carecía de fundamento legal y que no existían elementos objetivos que justificaran la privación de libertad.
2. Falta de elementos del tipo penal
Se demostró que la sola presencia en el lugar de los hechos no constituye elemento suficiente para presumir la participación en conductas delictivas.
3. Violaciones a derechos fundamentales
Se invocaron los estándares internacionales que protegen el derecho a la manifestación pacífica y prohíben su criminalización.
Resultado
Tras analizar los argumentos presentados, el Juez de Distrito resolvió conceder el amparo solicitado. En su sentencia, el juzgador reconoció que la detención no se encontraba debidamente justificada.
Como consecuencia, se ordenó su libertad inmediata y se declaró insubsistente el proceso penal instaurado en su contra. Este resultado significó el restablecimiento de la libertad para la persona afectada y su tranquilidad psicoemocional.
La resolución judicial evidenció la importancia de que los abogados litigantes actúen con firmeza técnica desde el primer momento, identificando no solo la mejor vía procesal, sino también el enfoque constitucional más adecuado.
Reflexión final
El caso ilustra de forma contundente la relevancia del juicio de amparo como una herramienta efectiva frente a abusos de poder y detenciones arbitrarias. En contextos donde el uso del proceso penal puede convertirse en un instrumento de persecución política.
Para AVILA POSADA ABOGADOS, este asunto reafirma su convicción en una defensa penal ejercida con rigor, estrategia y responsabilidad. No se trató solo de obtener una libertad; se trató de frenar una injusticia.
Este tipo de casos demuestra que la defensa constitucional no es solo una opción técnica, sino una obligación ética cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a actuaciones arbitrarias.