Introducción
En el sistema de justicia penal, uno de los escenarios más injustos que puede enfrentar una persona es ser criminalizada por ejercer su derecho legítimo a denunciar un delito. Este caso ejemplifica cómo la falta de sensibilidad institucional y la parcialidad en la investigación pueden convertir a una víctima en imputada, violando principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia.
Una persona asistió a un evento masivo en la Ciudad de México, donde fue víctima del robo de su bolso de lujo al interior de un recinto privado. Los hechos ocurrieron dentro de un concierto, en una zona bajo responsabilidad de una empresa de seguridad privada contratada por los organizadores. La víctima, al percatarse de la sustracción, acudió a denunciar el hecho ante el Ministerio Público. No obstante, y a pesar de haber actuado conforme a derecho, con buena fe y como parte afectada, el curso de la investigación penal tomó un giro adverso.
Este caso representa una inversión total de la carga procesal: la persona denunciante pasó a ser tratada como responsable sin que existiera una motivación jurídica sólida, mucho menos una investigación integral. La estrategia legal implementada permitió no solo proteger los derechos de la víctima, sino también evidenciar las irregularidades en la actuación ministerial.
Contexto del caso
Durante el desarrollo de la investigación ministerial, el personal de seguridad privada involucrado en la denuncia compareció voluntariamente ante el Ministerio Público, negó los hechos y presentó un video supuestamente grabado por sus propias cámaras internas. En ese video, se mostraba a la víctima en un momento determinado sin portar visiblemente su bolso de mano.
Con base únicamente en ese material -sin mayor contraste probatorio, sin análisis pericial y sin llamar nuevamente a comparecer a la persona denunciante-, el Ministerio Público determinó que no había existido delito de robo. Pero el asunto fue más grave: al considerar que la denuncia era falsa, el agente del Ministerio Público no solo desechó la investigación contra los guardias de seguridad, sino que procedió a solicitar orden de aprehensión en contra de la denunciante, ahora bajo la acusación de “falsedad de declaraciones”, figura prevista como delito grave en la legislación penal vigente.
Esta actuación ministerial evidenció graves irregularidades: falta de exhaustividad en la investigación, valoración sesgada de la prueba presentada por los denunciados, omisión de garantizar los derechos de la persona víctima, y violación a su derecho de defensa.
Análisis jurídico y estrategia
Desde la primera revisión del expediente, el equipo legal del despacho advirtió irregularidades graves en el actuar de la autoridad investigadora. Se trataba de una inversión total de la carga procesal: la persona denunciante pasó a ser tratada como responsable sin que existiera una motivación jurídica sólida, mucho menos una investigación integral.
La estrategia legal se centró en desactivar de inmediato la orden de aprehensión solicitada, pero además en demostrar que la conducta imputada no se encontraba acreditada, ni material ni jurídicamente. Para ello, se optó por promover juicio de amparo indirecto, con el objetivo de impugnar los actos de la Fiscalía que resultaban violatorios de derechos fundamentales: la libertad personal, el debido proceso, la legalidad penal, la presunción de inocencia y el derecho a la verdad.
Se argumentó que la determinación de ejercitar acción penal contra la denunciante carecía de razonabilidad probatoria, se encontraba basada en una sola evidencia sin análisis técnico, y pasaba por alto el contexto de víctima que debía protegerse conforme a la Ley General de Víctimas. Aunado a ello, el video presentado por los guardias de seguridad privada no había sido sometido a peritaje alguno que garantizara su integridad, autenticidad o relevancia temporal.
La estrategia se fundamentó en tres pilares principales:
Violación al debido proceso
Se evidenció que la investigación ministerial carecía de exhaustividad y que se omitieron diligencias fundamentales para garantizar un proceso justo.
Inversión de la carga probatoria
Se demostró que la autoridad ministerial había invertido la carga de la prueba, tratando a la víctima como imputada sin fundamento legal.
Falta de análisis técnico
Se argumentó que el video presentado por la contraparte no había sido sometido a análisis pericial que garantizara su autenticidad.
Acción legal realizada
La demanda de amparo se promovió en tiempo y forma ante el Juzgado de Distrito competente, solicitando la suspensión provisional de la orden de aprehensión mientras se resolvía de fondo el acto reclamado. En paralelo, el equipo legal elaboró dictámenes técnicos con peritos independientes que demostraron inconsistencias en el video presentado por la parte acusadora y acreditaron la posibilidad de que el material audiovisual hubiese sido editado.
Además, se recabaron testimonios de personas que presenciaron el hecho y se solicitó acceso a otras grabaciones que la empresa de seguridad no había entregado voluntariamente, lo que permitió cuestionar la selectividad en la presentación de evidencias. Con estos elementos, se construyó una narrativa jurídica que demostraba no solo la inocencia de la persona acusada, sino también la actuación negligente y parcial del Ministerio Público.
La estrategia implementada combinó:
Juicio de amparo indirecto
Para impugnar los actos violatorios de derechos fundamentales y obtener la suspensión de la orden de aprehensión.
Análisis pericial independiente
Para desacreditar la evidencia audiovisual presentada por la contraparte.
Recopilación de testimonios
Para reconstruir los hechos reales y demostrar la veracidad de la denuncia original.
Resultado obtenido
El Juez de Amparo concedió la suspensión definitiva de la orden de aprehensión y, tras el desarrollo del juicio, resolvió conceder el amparo para dejar sin efectos la acusación formulada por el Ministerio Público. El fallo reconoció que la imputación no cumplía con los estándares mínimos de legalidad y fundamentación exigidos por la Constitución y que la actuación de la autoridad investigadora violaba el principio de presunción de inocencia.
Posteriormente, con base en la protección obtenida vía amparo, se enfrentó el proceso penal restante en condiciones de igualdad procesal. Se ofrecieron y desahogaron las pruebas necesarias, incluyendo el peritaje oficial sobre el video presentado por los guardias de seguridad, el cual reveló que dicho material había sido manipulado para eliminar parte de la secuencia en que se observaba a la víctima con el bolso previamente denunciado como robado.
Como resultado final, se dictó sentencia absolutoria a favor de la persona acusada. El tribunal penal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar la falsedad de la denuncia original y, por el contrario, quedó demostrado que la persona había actuado conforme a derecho y que su intención inicial fue ejercer un derecho legítimo: denunciar un hecho delictivo.
Reflexión final
Este caso evidencia una de las situaciones más injustas que puede enfrentar una víctima del delito: ser perseguida por ejercer su derecho a denunciar. La falta de sensibilidad institucional, la falta de preparación técnica del personal ministerial, y la parcialidad frente a actores privados con intereses propios, pueden convertir al proceso penal en un instrumento de revictimización.
En AVILA POSADA ABOGADOS, creemos que la defensa penal no debe limitarse a proteger a los acusados, sino también a representar con firmeza a quienes, siendo víctimas, son indebidamente criminalizados. La estrategia implementada en este caso -que combinó el juicio de amparo, la defensa técnica penal y la actuación pericial estratégica- permitió revertir una situación profundamente injusta y restablecer los derechos de una persona que nunca debió ser tratada como imputada.
Este resultado refuerza nuestro compromiso con una defensa penal garantista, estratégica y profundamente ética. El caso demuestra que la defensa constitucional no solo protege derechos individuales, sino que también contribuye a mejorar las prácticas institucionales y a prevenir abusos similares en el futuro.
La protección de víctimas criminalizadas representa uno de los desafíos más importantes en el sistema de justicia penal contemporáneo, y casos como este refuerzan la necesidad de una defensa técnica especializada que combine el conocimiento jurídico con la sensibilidad hacia las vulnerabilidades que enfrentan las víctimas en el proceso penal.